En Samaná, el caos en el sector inmobiliario comenzó a finales de la década de 1970, cuando el entonces presidente Joaquín Balaguer expropió de sus títulos a las personas que tenían bienes en el área céntrica para reconstruir la ciudad.
“En el casco urbano absolutamente nadie tiene un certificado de título. A menos que haya iniciado el proceso de mensura para saneamiento con la ley nueva de registro inmobiliario”, expresa el abogado Rodolfo Arismendy Bueno, del Consorcio Inmobiliario María, el bufete que más casos lleva sobre problemas de títulos en la provincia turística del nordeste del país.
Sin títulos que avalen la propiedad, el acceso a un préstamo bancario es nulo para el samanés, porque sus viviendas o parcelas no les sirven de garantía.
La opción que les queda es acudir a una financiera o a algún usurero, los que muchas veces se aprovechan de la situación y terminan quedándose con las propiedades.
En Samaná también existe un problema de superposición de terrenos. Se trata de personas que entienden ser dueños de una parcela determinada y cuando la Dirección Regional de Mensura Catastral mide descubre que ocupan parte de otra parcela.
Las declaraciones del abogado Bueno reflejan una situación compleja y preocupante: “En Samaná no hay seguridad jurídica en el derecho a la propiedad privada”.
“Aquí aparecen dos y tres personas como dueños del mismo terreno. Ese es un problema frecuente”, asegura.
Bueno explica que muchas personas de la zona comenzaron a medir parcelas ya registradas e hicieron saneamientos sobre saneamientos.
“Según un informe de la Dirección General de Mensura Catastral, hay entre 200 y 300 expedientes de gente que no sabe que le han medido su parcela y que tiene certificado de título”, afirma Bueno.
De acuerdo con la nueva ley de registro inmobiliario 108-05, se deben agotar tres fases para lograr el saneamiento de un título de tierra. Bueno explica que primero hay que acudir a la Dirección de Mensura, luego se desarrolla la parte judicial en el Tribunal de Tierra y, por último, al registro de títulos.
“Una persona puede gastar en ese proceso entre 50 mil y 100 mil pesos y se toma aproximadamente unos siete meses, dependiendo del caso”, indica el abogado.
El especialista en asuntos inmobiliarios Ángel María Bidó indica, de su lado, que la Suprema Corte de Justicia decidió suspender de enero a junio de este año los saneamientos en la provincia para regularizar la mensura catastral.
Dice que ahora hay que solicitar los saneamientos al tribunal de jurisdicción original y luego es el tribunal el que solicita a la Dirección Cartográfica del Distrito Nacional para que se trasladen a Samaná a medir nuevamente determinadas parcelas para continuar con el saneamiento.
“Eso le ha causado un trastorno grandioso tanto a los abogados, como a los propietarios de esos terrenos que están en proceso de saneamiento, porque no se ha tomado una medida definitiva para resolver el problema, sólo se han tomado medidas precautorias, que tienden a prolongar el proceso en que se encuentra el asunto de los bienes inmobiliarios en la región”, apuntó.
Bidó señala que en los municipios Sánchez, Samaná, Las Terrenas y la localidad de Las Galeras existen muchas de estas situaciones irregulares y los distintos jueces que han pasado por el tribunal de jurisdicción de Samaná no han podido resolverlos.
“No hay una medida seria que acabe con el asunto de las superposiciones de parte de la Suprema Corte de Justicia que debería intervenir seriamente en estos asuntos, no sólo en Samaná, también en otras partes del país donde hay títulos sobre títulos y donde hay posiciones de tierras que no son tales”, opina Bidó.
Desorden afecta las inversiones
El desorden en el registro de títulos afecta la inversión turística en una zona que en los últimos años ha experimentado cierto crecimiento en ese sentido.
“Esto afecta grandemente las inversiones extranjeras, por eso yo creo que la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada del registro de títulos a nivel nacional y de los tribunales de jurisdicción original, tiene que intervenir con seriedad y puntualidad en la corrección de esos problemas, no sólo mandar un oficio, tambien decir qué medidas de solución podemos tomar”, expone Bidó.
El especialista en asuntos inmobiliarios plantea que hay que medir nuevamente las parcelas superpuestas con un agrimensor oficial para ver la extensión de cada parcela independientemente de quien resulte afectado. “Conozco casos de extranjeros que han comprado cien tareas, pero cuando medimos correctamente y se hace el saneamiento resulta que son 70 que tienen. Esas persona se sienten engañadas, se sienten timados. Es una situación que aleja la inversión”, añade.
Por otro lado, Samaná enfrenta el déficit habitacional. La provincia necesita un proyecto habitacional para la clase media.
Fuente: Periódico El Caribe
Read more »
“En el casco urbano absolutamente nadie tiene un certificado de título. A menos que haya iniciado el proceso de mensura para saneamiento con la ley nueva de registro inmobiliario”, expresa el abogado Rodolfo Arismendy Bueno, del Consorcio Inmobiliario María, el bufete que más casos lleva sobre problemas de títulos en la provincia turística del nordeste del país.
Sin títulos que avalen la propiedad, el acceso a un préstamo bancario es nulo para el samanés, porque sus viviendas o parcelas no les sirven de garantía.
La opción que les queda es acudir a una financiera o a algún usurero, los que muchas veces se aprovechan de la situación y terminan quedándose con las propiedades.
En Samaná también existe un problema de superposición de terrenos. Se trata de personas que entienden ser dueños de una parcela determinada y cuando la Dirección Regional de Mensura Catastral mide descubre que ocupan parte de otra parcela.
Las declaraciones del abogado Bueno reflejan una situación compleja y preocupante: “En Samaná no hay seguridad jurídica en el derecho a la propiedad privada”.
“Aquí aparecen dos y tres personas como dueños del mismo terreno. Ese es un problema frecuente”, asegura.
Bueno explica que muchas personas de la zona comenzaron a medir parcelas ya registradas e hicieron saneamientos sobre saneamientos.
“Según un informe de la Dirección General de Mensura Catastral, hay entre 200 y 300 expedientes de gente que no sabe que le han medido su parcela y que tiene certificado de título”, afirma Bueno.
De acuerdo con la nueva ley de registro inmobiliario 108-05, se deben agotar tres fases para lograr el saneamiento de un título de tierra. Bueno explica que primero hay que acudir a la Dirección de Mensura, luego se desarrolla la parte judicial en el Tribunal de Tierra y, por último, al registro de títulos.
“Una persona puede gastar en ese proceso entre 50 mil y 100 mil pesos y se toma aproximadamente unos siete meses, dependiendo del caso”, indica el abogado.
El especialista en asuntos inmobiliarios Ángel María Bidó indica, de su lado, que la Suprema Corte de Justicia decidió suspender de enero a junio de este año los saneamientos en la provincia para regularizar la mensura catastral.
Dice que ahora hay que solicitar los saneamientos al tribunal de jurisdicción original y luego es el tribunal el que solicita a la Dirección Cartográfica del Distrito Nacional para que se trasladen a Samaná a medir nuevamente determinadas parcelas para continuar con el saneamiento.
“Eso le ha causado un trastorno grandioso tanto a los abogados, como a los propietarios de esos terrenos que están en proceso de saneamiento, porque no se ha tomado una medida definitiva para resolver el problema, sólo se han tomado medidas precautorias, que tienden a prolongar el proceso en que se encuentra el asunto de los bienes inmobiliarios en la región”, apuntó.
Bidó señala que en los municipios Sánchez, Samaná, Las Terrenas y la localidad de Las Galeras existen muchas de estas situaciones irregulares y los distintos jueces que han pasado por el tribunal de jurisdicción de Samaná no han podido resolverlos.
“No hay una medida seria que acabe con el asunto de las superposiciones de parte de la Suprema Corte de Justicia que debería intervenir seriamente en estos asuntos, no sólo en Samaná, también en otras partes del país donde hay títulos sobre títulos y donde hay posiciones de tierras que no son tales”, opina Bidó.
Desorden afecta las inversiones
El desorden en el registro de títulos afecta la inversión turística en una zona que en los últimos años ha experimentado cierto crecimiento en ese sentido.
“Esto afecta grandemente las inversiones extranjeras, por eso yo creo que la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada del registro de títulos a nivel nacional y de los tribunales de jurisdicción original, tiene que intervenir con seriedad y puntualidad en la corrección de esos problemas, no sólo mandar un oficio, tambien decir qué medidas de solución podemos tomar”, expone Bidó.
El especialista en asuntos inmobiliarios plantea que hay que medir nuevamente las parcelas superpuestas con un agrimensor oficial para ver la extensión de cada parcela independientemente de quien resulte afectado. “Conozco casos de extranjeros que han comprado cien tareas, pero cuando medimos correctamente y se hace el saneamiento resulta que son 70 que tienen. Esas persona se sienten engañadas, se sienten timados. Es una situación que aleja la inversión”, añade.
Por otro lado, Samaná enfrenta el déficit habitacional. La provincia necesita un proyecto habitacional para la clase media.
Fuente: Periódico El Caribe
